Por Virginia Enssle, Gerente de Relaciones Internacionales e Institucionales de la FTAO.

La Unión Europea ha sido durante mucho tiempo una defensora del comercio sostenible. El Reglamento de la UE sobre Deforestación (EUDR) y el Reglamento Orgánico actualizado se encuentran entre los intentos más ambiciosos hasta la fecha de ecologizar las cadenas de suministro globales. Como movimiento de Comercio Justo, apoyamos sus objetivos. Los bosques deben protegerse y la agricultura orgánica debe mantener los más altos estándares para ser creíble. Estos son objetivos que los productores de Comercio Justo en América Latina han estado trabajando por alcanzar mucho antes de que Bruselas los convirtiera en ley.

Pero las buenas intenciones no se traducen automáticamente en buenos resultados. Un nuevo estudio publicado por la Coordinadora Latinoamericana y del Caribe de Comercio Justo (CLAC), que abarca a productores de café y cacao Fairtrade en Guatemala, Perú, Ecuador y Brasil, presenta un panorama preocupante de lo que ocurre cuando un cambio regulatorio significativo recae sobre los hombros de quienes están menos preparados para asumirlo, y menos consultados en su diseño.

Los costos de cumplimiento se están trasladando hacia arriba

El EUDR es un reglamento de la UE y sus obligaciones legales recaen directamente sobre los operadores de la UE, incluidos importadores, comerciantes y empresas que colocan productos en el mercado europeo. Los agricultores y sus cooperativas en América Latina no están dentro del alcance legal del reglamento. En la práctica, sin embargo, gran parte del costo, la recopilación de datos, la documentación y el esfuerzo administrativo requerido para el cumplimiento, incluidas las medidas de mitigación de riesgos que formalmente corresponden a los operadores de la UE, se ha transferido hacia arriba en la cadena de suministro, hacia los propios productores.

Las cooperativas han movilizado equipos de campo para realizar mapeo GPS de cientos de parcelas de pequeños productores en áreas remotas. Han invertido en plataformas geoespaciales, contratado especialistas legales y técnicos que antes no necesitaban, y redirigido fondos de la Prima Fairtrade, dinero destinado al desarrollo comunitario, hacia infraestructura de cumplimiento. Una cooperativa cacaotera peruana estimó haber gastado entre 60.000 y 100.000 USD solo en la adaptación al EUDR. Organizaciones cafetaleras peruanas reportan que los nuevos sistemas de cumplimiento han duplicado sus costos administrativos. La Unión de Organizaciones Cacaoteras del Ecuador (UNOCACE) calculó costos iniciales de cumplimiento de alrededor de 5.000 USD por organización miembro, lo que representa decenas de miles de dólares en toda su red.

¿Y qué han aportado los compradores? Los hallazgos del estudio muestran que la mayoría de los compradores no han ofrecido una cofinanciación significativa. Algunos han proporcionado asesoría técnica o apoyado componentes aislados, pero el reparto sistemático de costos es la excepción, no la regla.

Así no es como debería funcionar una relación comercial justa. Si el cumplimiento de la legislación de la UE es necesario para acceder al mercado de la UE, y si los costos de ese cumplimiento son reales y sustanciales, entonces los actores con mayor poder financiero en la cadena, incluidos los importadores y marcas europeas, deben compartir la carga. Esperar que los pequeños agricultores del Sur Global subsidien la agenda regulatoria de la UE no es ni justo ni coherente.

El Reglamento Orgánico está desmantelando cooperativas

Si los desafíos de implementación del EUDR son significativos, el impacto del Reglamento Orgánico actualizado merece una atención aún más aguda. Criterios como el límite de 2.000 miembros por grupo operador orgánico, junto con el requisito de que todos los miembros produzcan exclusivamente de forma orgánica, y los límites de tamaño de finca (5 hectáreas de tierra orgánica) y ventas orgánicas anuales (25.000 €) por miembro, pueden reflejar la realidad de las pequeñas operaciones orgánicas en Europa, pero no logran captar la realidad de las cooperativas en América Latina (y en África y Asia).

Las consecuencias son graves, ya que cooperativas que han pasado décadas construyendo organizaciones inclusivas y de membresía mixta ahora se ven obligadas a dividirse, separando a productores orgánicos de convencionales, creando entidades legales paralelas y, en muchos casos, excluyendo formalmente a miembros que no pueden o no quieren convertirse a la producción orgánica. Esto golpea directamente al modelo cooperativo mismo.

Lo que está en juego aquí va más allá de la certificación. El movimiento cooperativo se construyó sobre principios de inclusión, solidaridad y empoderamiento colectivo. Cuando un reglamento diseñado y decidido en Bruselas obliga a una cooperativa guatemalteca o peruana a decirle a algunos de sus miembros "ya no formas parte de nuestro grupo certificado", no se trata solo de un inconveniente burocrático, sino de un golpe al tejido social que los movimientos de Comercio Justo y cooperativo han pasado décadas construyendo.

Más exigencias, sin recompensa de mercado

A pesar del aumento de los requisitos para acceder al mercado de la UE, los productores que los cumplen no han visto un incremento correspondiente en la recompensa de mercado. El simple hecho de poder seguir exportando al mercado de la UE no contribuye a mejorar los medios de vida de los agricultores fuera de la UE, ya que sus costos siguen aumentando, mientras que los precios que reciben no aumentan en la misma proporción.

CLAC documenta que el diferencial de precio entre el café y el cacao certificados orgánicos y convencionales se ha reducido drásticamente, y en algunos casos ha desaparecido por completo. Productores en Guatemala informan que los precios del café orgánico son ahora casi idénticos a los del convencional. En Brasil, una organización descubrió que la certificación orgánica se había vuelto tan costosa, sin que ningún comprador estuviera dispuesto a pagar una prima que la justificara, que simplemente comenzaron a vender su café como convencional.

Con los nuevos requisitos de la UE, la economía de mantenerse orgánico se está volviendo insostenible para muchos pequeños productores. Mientras tanto, la demanda global de productos orgánicos sigue en aumento. Los consumidores quieren productos orgánicos. La política europea dice que quiere más productos orgánicos. Sin embargo, el efecto combinado del aumento de los costos de cumplimiento y las primas orgánicas estancadas está empujando a los productores fuera del sistema orgánico. Si esta tendencia continúa, los consumidores europeos paradójicamente tendrán menos acceso a café y cacao certificados orgánicos (en el caso del estudio), porque los productores que los cultivaron ya no podrán costear su certificación.

Debería haber alineación entre las políticas del lado de la demanda y las del lado de la oferta para evitar socavar los estándares sólidos en los países productores.

Un caso de estudio sobre incoherencia política

La UE tiene un compromiso de larga data con la Coherencia de Políticas para el Desarrollo (PCD), el principio de que las políticas de la UE más allá de la cooperación al desarrollo no deben socavar los objetivos de desarrollo en el Sur Global. El estudio de CLAC presenta un argumento convincente de que tanto el EUDR como el Reglamento Orgánico, tal como se implementan actualmente, no cumplen con este compromiso.

La situación es aún más marcada en el caso orgánico: la Estrategia "De la Granja a la Mesa" de la UE (que tenía una dimensión externa) estableció explícitamente objetivos ambiciosos para expandir la agricultura orgánica. Sin embargo, el Reglamento Orgánico actualizado está dificultando que los pequeños productores orgánicos permanezcan certificados y sean comercialmente viables, y está teniendo un impacto negativo en las cooperativas de la región.

En el caso del EUDR, la situación es más matizada, pero su implementación se ha caracterizado por la confusión y una distribución injusta de los costos. Las cooperativas enfrentan una doble carga: los compradores solicitan datos en formatos incompatibles, multiplicando el trabajo administrativo; mientras que los criterios de cumplimiento legal chocan con la realidad de que la agricultura de pequeña escala en América Latina es en gran medida informal, donde las prácticas tradicionales no han sido documentadas formalmente.

Estos son errores de implementación que pueden corregirse, pero solo si la UE está dispuesta a escuchar a los productores y construir mecanismos de retroalimentación que permitan que el reglamento aprenda y se adapte.

Los reglamentos con alcance extraterritorial requieren un diseño extraterritorial

Tanto el EUDR como el Reglamento Orgánico tienen efectos extraterritoriales significativos, que llegan profundamente a la vida de agricultores que no tuvieron voz en la elaboración de las reglas que ahora los rigen. Esto impone a las instituciones de la UE la obligación de diseñar reglamentos en un diálogo genuino con las comunidades afectadas, y no simplemente consultar a las organizaciones de productores como una idea tardía una vez que el texto legislativo ya está definido.

El estudio de CLAC presenta una serie de recomendaciones concretas, varias de las cuales queremos amplificar aquí.

Primero, los compradores e importadores deben compartir los costos de cumplimiento, no mediante buena voluntad voluntaria, sino a través de compromisos comerciales vinculantes. Si acceder al mercado de la UE requiere inversión, esa inversión debería repartirse equitativamente a lo largo de la cadena de valor.

Segundo, el límite de 2.000 miembros en el Reglamento Orgánico debe revisarse con urgencia, junto con los umbrales de superficie y ventas, con aportes genuinos de las organizaciones de productores del Sur Global. El movimiento de Comercio Justo ha acogido con satisfacción el paso de la Comisión Europea hacia la modificación de este límite, y hace un llamado al Parlamento y al Consejo para que mantengan la propuesta de la Comisión y la adopten con celeridad.

Tercero, la UE debe invertir en apoyar a los países productores para que desarrollen sistemas nacionales de trazabilidad y verificación creíbles que sean reconocidos como evidencia válida bajo el EUDR. Países como Costa Rica y Ecuador ya están construyendo dicha infraestructura. Reconocer y financiar estos sistemas reduciría drásticamente la carga sobre las cooperativas individuales.

Cuarto, la UE debería establecer un mecanismo formal para monitorear el impacto en el desarrollo de los reglamentos con alcance extraterritorial, evaluando no solo si se logran los objetivos en Europa, sino si se está generando un daño no intencionado en los países productores.

Y quinto, la UE debe abordar directamente el problema de la prima de precio orgánico. Ya sea a través de políticas de compras públicas, campañas de consumidores, etiquetado obligatorio u otros instrumentos, existe una responsabilidad política de garantizar que el mercado recompense los mayores costos de la producción orgánica. Pedir a los agricultores que asuman esos costos sin retorno de mercado no es una política sostenible.

El estudio de CLAC es una contribución valiosa y oportuna a esta conversación. Las instituciones de la UE, los Estados miembros y la comunidad empresarial europea ya no pueden mirar hacia otro lado.

Este artículo se basa en los hallazgos de "Análisis del potencial impacto comercial de la nueva Regulación de la Unión Europea sobre Productos Libres de Deforestación (EUDR) y del Reglamento sobre Producción Ecológica y Etiquetado de los Productos Ecológicos (UE 2018/848) en los(as) pequeños(as) productores(as) de café y cacao de comercio justo en América Latina", publicado por CLAC en abril de 2026.

• Consulte la versión del estudio en español aquí.
• Read the English version of the study here.
  
  

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Para más información, por favor contacte a nuestra Gerente de Relaciones Internacionales e Institucionales, Virginia Enssle, en enssle@fairtrade-advocacy.org